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Seguros 14/05/2018 | Emiliano Cobello
La nueva Ley de Financiamiento Productivo y el mercado de seguros
En un reciente informe se afirma que la nueva norma favorecerá también a las aseguradoras, sobre todo en lo que respecta al sector hipotecario.

El Congreso de la Nación Argentina aprobó el pasado 9 de mayo una ley que brinda apoyo al mercado de capitales local, la última de una serie de políticas a favor de las empresas orientadas a impulsar el crecimiento económico. La ley protege a las empresas que cotizan en Bolsa de las adquisiciones del gobierno, revirtiendo así una política que ahuyentaba a los inversores. Además, permite a los inversores crear nuevos instrumentos de inversión, el mayor desarrollo para administradores de activos desde que Argentina nacionalizó su industria de fondos de pensiones privados de $30.000 millones en 2008. La ley también mejora la capacidad de los bancos para securitizar los créditos para vivienda, lo cual respaldará el fortalecimiento de la industria hipotecaria. Asimismo, brinda a las pequeñas empresas más opciones de financiamiento, colaborando con un sector que comprende dos tercios de la población activa. También es positiva para las provincias y el gobierno federal, los cuales podrán acceder a financiamiento local. Estas reformas no tendrán cambios inmediatos en la economía, pero el incremento de las inversiones ayudará a impulsar el crecimiento a largo plazo.
 
Moodys sostiene en un reciente informe que la nueva norma favorecerá también a las aseguradoras, sobre todo en lo que respecta al sector hipotecario. “La nueva ley también permite a las aseguradoras brindar una cobertura por incumplimiento crediticio para hipotecas, que se había prohibido anteriormente. Dicha cobertura alentaría a los bancos a incrementar los créditos hipotecarios, ya que les permitiría transferir el riesgo crediticio a las aseguradoras y, por lo tanto, mejorar su capacidad para ajustar el riesgo crediticio de las carteras hipotecarias al apetito de cada banco por el riesgo. Por el mismo motivo, también incrementaría el apetito de los inversores por instrumentos de securitización hipotecaria. No obstante, no esperamos que este tipo de cobertura esté ampliamente disponible en el corto plazo”. 
 
Sin embargo, la calificadora de riesgo sostiene: “Las aseguradoras locales no tienen el capital suficiente para suscribir una cantidad significativa de esta cobertura y carecen de experiencia en materia de cobertura por incumplimiento crediticio para hipotecas. En consecuencia, probablemente requerirán reaseguro internacional antes de acceder a este mercado. Sin embargo, es probable que las reaseguradoras internacionales sean reacias a ofrecer cobertura para créditos hipotecarios en Argentina, al menos al principio”.
 
“Los cambios en la ley no serán suficientes en sí para fomentar la securitización de las hipotecas indexadas por inflación. Eso dependerá del aumento de la demanda de los inversores por instrumentos de securitización. Para ello, la ley también permite a las aseguradoras emitir pólizas de seguros de vida y de renta vitalicia denominadas en unidades ajustadas por inflación”.
 
En este sentido, afirman que “si las aseguradoras ofrecen dichas pólizas, deberán contar con títulos de inversión ajustados por inflación de largo plazo para cubrir sus pasivos. Esto podría brindar parte del financiamiento que los bancos necesitan. Es probable que este cambio esté acompañado en el futuro por la introducción de beneficios impositivos para dichos productos de seguros. Estos beneficios respaldarían gradualmente el crecimiento de los productos de seguros a largo plazo y aumentarían la importancia de las aseguradoras como inversores institucionales, lo cual debería favorecer el desarrollo general de los mercados de capitales de Argentina”.
 
“La legislación también beneficia a los fondos de cobertura y a los administradores de activos permitiéndoles crear opciones de inversión más sofisticadas para los inversores calificados que cumplen con ciertos criterios de ingresos o propiedad de activos. Anteriormente, los administradores de activos debían tener al menos dos inversores individuales o institucionales para abrir un fondo. Algunas aseguradoras y otras empresas han estado eludiendo las normas utilizando inversores simbólicos para crear fondos en los cuales solo un inversor posee el 99,9% de los activos. Esto generó falta de transparencia y produjo complicaciones en las investigaciones de fraude”, concluye.

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